Por Pablo Arranz 
El magistrado titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha instado al Ayuntamiento de Benidorm a cumplir voluntariamente con la ejecución de una sentencia que lo condena a pagar 283 millones de euros más intereses a los dueños de terrenos en compensación por los aprovechamientos urbanísticos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.
En un auto con fecha del martes 20 de enero, el juez desestimó la solicitud del Ayuntamiento de suspender la ejecución de la sentencia, que es la más alta que ha conocido este órgano judicial desde su creación en 1998. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, emitida en 2024, condenó al Ayuntamiento de Benidorm a pagar la mencionada cantidad más los intereses.
A pesar de que el Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, este fue desestimado, lo que llevó a la firmeza de la sentencia del TSJCV. Posteriormente, el consistorio intentó presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para suspender la ejecución de la sentencia, pero este recurso fue inadmitido por falta de «especial trascendencia constitucional».
El juez enfatizó que la presentación de un recurso de amparo no implica la suspensión de la fase de ejecución de una sentencia firme. Además, señaló que hubiera rechazado la solicitud de suspensión incluso si el recurso de amparo hubiera sido admitido por el TC.
Las empresas que promovieron el recurso tienen razón al alegar una dilación indebida en la tramitación de la fase de ejecución, la cual atribuyen al Letrado de la Administración de Justicia en este caso, quien padecía una paralización sistemática de todos los procesos, especialmente de las ejecuciones.
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