Por Pablo Arranz 
Durante el verano, la Policía Local de Alcoy ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En concreto, se han registrado 4 intervenciones vinculadas al consumo de sustancias estupefacientes, todas ellas tramitadas por la vía administrativa tras cometer infracciones de tráfico.
En cuanto al alcohol, 26 conductores dieron positivo en los test de alcoholemia. De estos, 16 fueron denunciados por superar la tasa permitida de 0,25 mg/l pero sin llegar a 0,60 mg/l, mientras que 10 casos derivaron en atestados penales al exceder los 0,60 mg/l en aire espirado, más del doble del límite legal.
Estas actuaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 6 conductores estaban implicados en accidentes de tráfico, 9 cometieron infracciones graves al reglamento de circulación y el resto se detectaron en controles ordinarios y específicos de alcoholemia. Destaca que, del 14 al 21 de julio, la Policía Local de Alcoy realizó más de 500 pruebas dentro de la campaña estatal impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que participan municipios de más de 25.000 habitantes.
Las sanciones previstas para los casos penales incluyen penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de entre 30 y 90 días, multas económicas de 6 a 12 meses y la retirada del permiso de conducción por un periodo de 1 a 4 años.
Según datos de la DGT, el alcohol es un factor determinante en un tercio de los accidentes mortales. Conducir bajo sus efectos aumenta significativamente el riesgo de sufrir un accidente y agrava la mortalidad y la gravedad de las lesiones. Asimismo, el consumo de drogas como cannabis, cocaína, anfetaminas o metanfetaminas también representa un riesgo recurrente entre los conductores.
El concejal de Seguridad, Raül Llopis, subrayó la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, destacando que estas conductas ponen en riesgo vidas humanas. Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que promueve una política de «tolerancia cero» frente a comportamientos de riesgo en las carreteras y en los núcleos urbanos.
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