Un informe del Ayuntamiento de Alicante ha estimado un impacto económico positivo de 8.845.650 euros en los ingresos municipales durante los próximos cinco años. Esto se debe a la asunción de competencias para inspeccionar pisos turísticos y sancionar posibles infracciones.
El equipo de gobierno del PP tiene previsto presentar en la comisión de Urbanismo y en el pleno ordinario la propuesta de adhesión a un convenio marco entre la Generalitat, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Este convenio tiene como objetivo llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones en viviendas de uso turístico en la ciudad.
El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha destacado que esta medida forma parte de la estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante. Asumir las competencias sancionadoras en esta materia permitirá al consistorio controlar las irregularidades y evitar el desarrollo ilegal de este tipo de negocios en la ciudad.
Además, se han tomado otras medidas para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en Alicante, como la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico y la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana.
Según el Ayuntamiento, la propuesta de adhesión al convenio cuenta con informes favorables que avalan su viabilidad. Se espera un aumento del 20% en la carga de trabajo para el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, pero se estima un impacto económico positivo en los ingresos municipales sin afectar al presupuesto de gastos.
La adhesión al convenio será debatida en la comisión de Urbanismo y posteriormente en el pleno para su aprobación definitiva. En caso de recibir el visto bueno, se presentará la solicitud de adhesión ante la Dirección General de Turismo.
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