Por Redaccion 
El Consejo de Administración de PIMESA ha otorgado de manera definitiva las obras de demolición de los bloques 11, 12, 13 y 14 del barrio de San Antón, ubicados en la zona norte entre la parroquia y Travalón. Estos edificios, declarados en estado de ruina, constan de 284 viviendas y 24 locales. El alcalde Pablo Ruz ha destacado que esta acción es fundamental para concluir la renovación integral del barrio en el marco del próximo convenio del Plan Estatal de Vivienda.
El contrato para la demolición de los 4 bloques representa una reducción del 52% en comparación con el presupuesto inicial, con un coste final de 749.000 euros + IVA. La empresa encargada de estas labores es ERRI-BERRI S.L., bajo la supervisión del arquitecto Francisco Fuster y AJF Ingeniería.
Se prevé que los trabajos de demolición comiencen con el bloque 11 en el último trimestre del año, siguiendo con los demás bloques conforme se completen los trámites legales. Además, se está planificando la construcción de un edificio de 45 viviendas, para lo cual se está finalizando el convenio con el Consell para iniciar la licitación.
Por otro lado, PIMESA ha lanzado una convocatoria pública para la venta de cuatro parcelas destinadas a la promoción de viviendas de protección pública (VPP) en Elche, como parte del plan municipal ‘Casa Fácil’. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables, con una proyección de 392 viviendas en los próximos años.
En la primera fase de este plan, PIMESA pone a la venta cuatro parcelas ubicadas en El Pla, Carrús y Torrellano, que permitirán la promoción de hasta 231 viviendas de protección pública y 271 plazas de aparcamiento. El proceso de enajenación se llevará a cabo mediante una colaboración público-privada, donde las empresas adjudicatarias pagarán el valor de los terrenos mediante la entrega de parte de las viviendas construidas.
Esta modalidad, conocida como permuta, busca fomentar la construcción de viviendas asequibles, facilitando el acceso a la vivienda protegida. Los inmuebles resultantes podrán destinarse a la venta, alquiler o alquiler con opción a compra, según lo establezca la normativa vigente, orientándose a jóvenes y colectivos vulnerables.
Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas antes del 23 de octubre. texto de un documento PDF.
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