Por Pablo Arranz 
Moviment Sumar País Valencià ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada relacionada con la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante. La denuncia se centra en posibles delitos contra la administración pública, especialmente en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, a raíz de recientes informaciones publicadas.
Entre los adjudicatarios de estas viviendas se encuentran un arquitecto municipal, la edil de Urbanismo Rocío Gómez, así como dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante y que ha dimitido tras la controversia.
La denuncia, presentada por Xavier López y Carmen Padilla, cocoordinadores de Moviment Sumar País Valencià, destaca la importancia de investigar si el procedimiento de adjudicación se llevó a cabo conforme a los principios de igualdad y transparencia, y si hubo algún trato preferente.
Se cuestiona especialmente la participación de personas con responsabilidades políticas, técnicas o vínculos familiares directos con altos cargos municipales en la adjudicación de viviendas públicas destinadas a fines sociales. Se solicita aclarar si se respetaron los principios de igualdad, objetividad, transparencia y ausencia de trato de favor en este proceso.
La denuncia también señala posibles conflictos de intereses en relación con familiares de altos cargos municipales, haciendo especial hincapié en el caso de María Pérez-Hickman y sus familiares beneficiarios. Se plantea la necesidad de verificar si se cumplieron los deberes legales de abstención y si el procedimiento se desarrolló sin trato preferente, ventaja informativa o interferencia indebida.
En cuanto al arquitecto municipal, se destaca que también figura como adjudicatario de una de las viviendas y que está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y agilización irregular de trámites urbanísticos para terceros.
Moviment Sumar País Valencià enfatiza la importancia de una investigación exhaustiva para determinar si se respetaron los requisitos legales y reglamentarios en el procedimiento de adjudicación, garantizando la imparcialidad de los órganos intervinientes y evitando posibles infracciones penales.
La denuncia se presenta al Ministerio Fiscal sin afirmación de culpabilidad, con el único propósito de que se realicen las diligencias de investigación pertinentes.
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