Por Pablo Arranz 
La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han expresado su descontento ante la posible aprobación, prevista para el mes de diciembre, de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, junto con el aumento de los caudales ecológicos. Ambas administraciones han destacado la falta de respaldo técnico, diálogo real y escucha a los regantes y comunidades autónomas afectadas en esta decisión tomada por el Gobierno de España.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado esta medida, advirtiendo que pone en riesgo el futuro de miles de familias y el equilibrio hídrico que ha permitido que el sureste español sea un referente agrícola. Señaló que estas decisiones deben basarse en informes rigurosos y expertos, no en criterios políticos.
Por otro lado, se ha mencionado la preocupación por los envíos de agua a Portugal, que superan ampliamente las cantidades solicitadas. Se ha pedido una revisión urgente de estos envíos para garantizar una gestión hídrica justa y equilibrada, ya que se envían volúmenes que Portugal no ha solicitado.
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha alertado sobre las consecuencias negativas que esta modificación de las reglas de explotación podría tener en la provincia, tanto a nivel medioambiental como económico y social. Destacó la importancia de la alineación entre la Generalitat Valenciana y la provincia en la defensa de esta infraestructura.
En un evento donde se presentó un informe técnico en contra de la modificación del trasvase, se reafirmó la postura firme de las autoridades locales en la defensa de los intereses de la región. Se hizo hincapié en la importancia del trasvase Tajo-Segura para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y el sureste andaluz.
En resumen, las autoridades regionales están unidas en su rechazo a las decisiones tomadas por el Gobierno central, y seguirán trabajando con rigor y firmeza para garantizar un modelo de gestión hídrica justo, solidario y basado en criterios técnicos.
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