Por Pablo Arranz 
Compromiso del Ayuntamiento de Alicante exigirá «responsabilidades políticas» al alcalde, Luis Barcala, y a los concejales de Urbanismo y Seguridad, Rocío Gómez y Julio Calero, después de que la Guardia Civil investigara a 14 hombres, seis mujeres y una persona jurídica por infracciones territoriales y urbanísticas relacionadas con construcciones ilegales en suelo protegido de Alicante, así como contra los derechos de los trabajadores.
Así lo anunció el portavoz municipal de la coalición, Rafa Mas, tras conocer esta operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que se inició tras detectar una urbanización y construcción en una finca rústica del municipio de Alicante, situada en un espacio protegido y zona propensa a inundaciones donde no se permite la construcción, informó el miércoles el instituto armado.
Durante las primeras actuaciones, los agentes determinaron que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, había sido dividida en 12 subparcelas. También se detectó la instalación ilegal de un sistema de abastecimiento de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística.
Las investigaciones revelaron que la propiedad fue comprada por una empresa creada específicamente con el propósito de comprar y vender acciones a múltiples compradores. Estos contratos privados ocultaban la cesión de subparcelas a cada comprador, quien «tenía plena conciencia de la ilegalidad del fraccionamiento y de la imposibilidad de construir legalmente sobre ellas».
En un comunicado, el portavoz de Compromís denuncia que «una vez más, la sombra de la corrupción urbanística cae sobre el Ayuntamiento de Alicante y, una vez más, bajo el mandato del Partido Popular».
Ante esta situación, «al igual que los vecinos», acusa al equipo de gobierno de Barcala «de inacción, de no actuar con diligencia». «Si llevan meses quejándose, ¿por qué no han actuado ante decenas de quejas de vecinos que denuncian esta especulación masiva que sufren las zonas rurales, con asentamientos ilegales en zonas inundables?».
Todo ello, subraya, «qué peligroso es, que la Guardia Civil tuviera que intervenir y ocuparse del asunto dada la magnitud de este caso de presunta corrupción urbanística».
Mas afirma que «Compromís fue claro» y, como no tiene «ninguna confianza» en el Ayuntamiento, se lo preguntó al Ministerio de Transición Ecológica, a través de una serie de preguntas parlamentarias del senador Enric Morera.
«Exigiremos responsabilidades políticas tanto a Luis Barcala como a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y al responsable de seguridad, Julio Calero, porque es el presidente del consejo distrital de los Juegos y conoce esta situación durante meses y no se movió ni un dedo”, explica, y avanza que solicitarán la convocatoria a una reunión extraordinaria de los distritos, la reunión del distrito 5.
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