Por Pablo Arranz 
La Generalitat ha abierto un expediente disciplinario a un funcionario por un visado del expediente de adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante), tras la polémica surgida en los últimos días por el proceso llevado a cabo en esta promoción. Esta decisión se debe a haber tenido conocimiento que el funcionario es cónyuge de una de las solicitantes de VPP, así como a que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
En relación a la polémica surgida recientemente, se ha conocido que la que hasta hace unos días fue concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas de protección.
La Generalitat defiende que está actuando con rigor y contundencia en relación con la adjudicación de las viviendas de protección pública de promoción privada por parte de la Cooperativa Les Naus. Se ha solicitado informe a la dirección territorial sobre la adjudicación de las viviendas, y se ha verificado que se cumplen todos los requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente.
Tras una investigación inicial, se ha informado de que un técnico funcionario ha cometido varias faltas tipificadas como muy graves. Ante esta situación, la Conselleria de Vivienda ha abierto expediente disciplinario con suspensión cautelar de empleo y sueldo a este funcionario público, quien omitió datos relevantes en el proceso de adjudicación.
Es importante destacar que no ha existido participación de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas. Se van a reforzar los mecanismos de control para evitar situaciones similares en el futuro.
En definitiva, la Generalitat actuará con total contundencia y trasladará la información a la Fiscalía para investigar la situación y adoptar las medidas adecuadas. Se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las direcciones territoriales para garantizar la transparencia y la legalidad en estos procesos. Los hechos ocurridos son considerados inadmisibles y se busca preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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