Por Pablo Arranz 
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha implementado un plan de actuación extraordinario para atender las solicitudes de regularización de inmigrantes, en respuesta a una iniciativa del Gobierno central. La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha confirmado que se están tramitando alrededor de 140 solicitudes de informes de vulnerabilidad social.
Para agilizar este proceso, se han reorganizado los recursos humanos existentes y se ha designado un profesional dedicado a la emisión de los informes necesarios. Esta medida ha permitido implementar un trabajo eficaz y eficiente, evitando posibles requerimientos de subsanación y permitiendo que los técnicos puedan cumplir con sus responsabilidades.
Además, se ha habilitado un trámite informático para el registro de solicitudes sin necesidad de certificado digital, se han elaborado guías y vídeos informativos, y se imparte un taller tres veces a la semana para brindar toda la información necesaria a los interesados.
En otro orden de asuntos, durante el pleno de abril, se debatió una propuesta presentada por Vox que fue rechazada por varios partidos. Esta iniciativa buscaba priorizar a los ciudadanos españoles en el acceso a prestaciones y servicios públicos, así como abogaba por la repatriación de inmigrantes en situación irregular. Desde Vox, Pablo Quintana defendió estas demandas como algo de sentido común.
Por su parte, el Grupo Popular presentó una enmienda que fue rechazada y su portavoz, Mercedes Torregrosa, criticó las políticas del Gobierno de Sánchez en relación con la inmigración. Torregrosa señaló la importancia de establecer fórmulas legales y ordenadas para la recepción de inmigrantes que deseen contribuir a la creación de riqueza, reconociendo a su vez la necesidad de atender a personas en situación de vulnerabilidad.
En resumen, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha desplegado un plan de actuación extraordinario para atender las solicitudes de regularización de inmigrantes, mientras que en el ámbito político, se han debatido propuestas relacionadas con la priorización de ciudadanos españoles en el acceso a servicios públicos y la gestión de la inmigración irregular.
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